Matrimonio en Colombia

La discusión sobre matrimonio igualitario regresa a la Corte Constitucional cuatro años después de la sentencia C-577 de 2011, en la que la Corte reconoció que las parejas del mismo sexo son familia y están protegidas por la Constitución. 

En esa sentencia la Corte advirtió que la falta de un contrato solemne que cobijara a las familias homoparentales prolongaba el déficit de protección de estas parejas y violaba la Constitución. Pero la Corte decidió que fuera el Congreso de la República quien legislara al respecto y estableció en la orden quinta de la sentencia C-577 de 2011 que si al 20 de junio de 2013 el Congreso no había regulado el tema, las parejas del mismo sexo podrían acudir ante notarios y jueces a “formalizar y solemnizar su vínculo contractual”. El plazo otorgado acabó y desde entonces las parejas acudieron ante jueces y notarios a formalizar su unión. 

Este escenario caótico derivó en diferentes situaciones y casos tipo, primero algunas parejas formularon acción de tutela contra los notarios que se negaron a tramitar las solicitudes de matrimonio y contra los que acudieron a figuras contractuales discriminatorias no previstas en la ley. Otras parejas lograron que jueces valientes y comprometidos con la igualdad celebraran los matrimonios pero la Procuraduría mediante una andanada de acciones legales intervino en el trámite y formuló acción de tutela contra los juzgados. Algunas notarías advertidos por la circular de la Procuraduría General de la Nación, se negaron a efectuar el registro de los matrimonios celebrados entre parejas del mismo sexo. 

La falta de una interpretación unívoca de la sentencia C-577 de 2011 generó un caos institucional sin precedente respecto a las parejas que con valentía acudieron a casarse después del plazo otorgado en la sentencia (20 de junio de 2013). Inseguridad jurídica entre jueces y notarios, y abrió espacios de discriminación hacía las parejas.

Los casos que actualmente estudia la Corte, son 5 acciones de tutela en las que se debaten los efectos de la implementación de la sentencia C-577 de 2011 y las diferentes interpretaciones que aplicaron jueces y notarios a partir del 20 de junio de 2013. 




¿Qué es lo que debe resolver la Corte? 

Si los jueces y notarios están facultados para celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, a partir de la interpretación que se haga de la Sentencia C-577 de 2011. En suma, la Corte determinará la vigencia de la protección del matrimonio igualitario en Colombia. Específicamente, la Corte debe analizar cuatro problemas: si los jueces pueden realizar autónomamente matrimonios entre parejas del mismo sexo, si los notarios tienen el deber de realizar matrimonios, si la Procuraduría General de la Nación está facultado para intervenir en los trámites de matrimonio civil y establecer si los contratos solemnes u otras figuras legales no previstas que realizaron algunos notarios eran válidos.


¿Qué dice la ponencia? 

El proyecto de sentencia presentado por el Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, acoge la interpretación del Procurador General de la Nación y anula los matrimonios celebrados. La ponencia del Magistrado Pretelt, sobre matrimonio igualitario, que fue conocida por El Espectador (“Tambalea el matrimonio gay” del 15 de Noviembre de 2014(fuente: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/tambalea-el-matrimonio-gay-articulo-527828), profundizó la inseguridad jurídica tanto para jueces como para las parejas. En consecuencia, algunos funcionarios judiciales consideraron que la sentencia C-577 de 2011 al ejercerse en parejas del mismo sexo no es propiamente la figura de matrimonio. Desde que se asimiló así la norma se abstuvieron de tramitar solicitudes de unión matrimonial. 

El argumento para anular los matrimonios consiste en que la institución del matrimonio debe ser modificada por el Congreso de la República. En criterio del Magistrado Pretelt, excede las competencias de la Corte pronunciarse sobre la extensión de la actual institución del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Además, señala que los funcionarios que formalizaron las uniones de personas del mismo sexo como matrimonios se extralimitaron en sus funciones, pues aplicaron de manera indebida una norma que no ha sido modificada por el Legislador. 

Por lo tanto, de acuerdo a la ponencia, el vínculo formal y solemne que indicó la Sentencia C-577 de 2011 no es el de matrimonio para las parejas del mismo sexo. No obstante, esta ponencia como todas las que declara la Corte debe someterse a votación de los demás magistrados, quienes podrán apartase de la decisión propuesta por su colega o apoyarla. 

Por Nicoló Filippo Rosso

¿Por qué la Corte va a decidir nuevamente esto?

Luego de que la Sentencia C-577 de 2011 estableciera que las parejas del mismo sexo pueden conformar una familia protegida por la Constitución y la posibilidad de formalizar sus uniones como lo hacen las parejas de heterosexuales. No obstante, los primeros matrimonios celebrados por Jueces de la República fueron atacados por la Procuraduría General de la Nación y la Fundación Marido y Mujer mediante acciones de tutela. 

Al ser la Corte Constitucional la encargada de velar por la Constitución de 1991 para sentenciar en definitiva las acciones de tutela que se resuelven en el territorio nacional, es que se resolvió que las tutelas interpuestas contra los primeros matrimonios igualitarios se deberán plantear en al Alto Tribunal por la trascendencia que representa para el país. Además, son 5 procesos de tutela los que la Corte acumuló para resolverlos en torno a una decisión, pues todos divergen sobre un mismo tema: ¿existe matrimonio igualitario en Colombia?

En ésta ocasión lo que la Corte va a determinar es si a las parejas del mismo sexo que formalizaron su vínculo, luego de que se cumpliera el plazo dado por la Sentencia C-577, les permiten la institución del matrimonio prevista en el Código Civil Colombiano, y si funcionarios judiciales tienen la facultad de celebrar matrimonio entre personas del mismo sexo.